Pensión de Alimentos en tiempos de Pandemia

Una de las consecuencias que ha tenido el COVID-19 está relacionada con el pago de Pensiones de Alimentos, particularmente la modalidad relativa a la retención hecha por el empleador. Esta situación, en un principio no fue prevista por el legislador al dictar la ley 21.227, conocida también como “Ley de Protección del Empleo”. Ahora, quien lea estas líneas, tal vez se está preguntando: ¿qué relación existe entre la Ley de Protección del Empleo y la Pensión de alimentos?; esto es lo que explicaré en las siguientes líneas.

 

Sobre este punto, hago presente que aquí se tratará en forma resumida el tema de los alimentos, el cual se tratará más en profundidad en una siguiente publicación. Dicho esto, el Derecho de Alimentos es el que la ley otorga a una persona para pedir lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, a otra persona, que cuenta con medios para proporcionárselos y está obligada por ley a hacerlo[1]. Este derecho se encuentra regulado fundamentalmente en el Código Civil, la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y Tratados Internacionales relativos a la materia que se encuentran ratificados por Chile y se encuentran vigentes.

 

Dentro de la Ley 14.908 se establecen distintas modalidades de pago para los alimentos que se deben, por cuanto se busca facilitar el cumplimiento de esta obligación en beneficio del alimentario. Dentro de estas modalidades está la que consiste en la retención de la remuneración del alimentante por parte de su empleador.

 

Esto quiere decir que, en la práctica, si el alimentante es un trabajador dependiente, su empleador hará el descuento correspondiente a la pensión de alimentos que se encuentre vigente. De esta forma, mediante la rebaja que se haga en la remuneración el alimentante, el empleador cumplirá la obligación del primero, quedando también sujeto a eventuales sanciones en caso de incumplimiento.

 

Por otra parte, sabemos todos que en virtud de la contingencia derivada por la pandemia del COVID-19, dentro de las políticas implementadas por el Estado de Chile fue la dictación de la Ley 21.227 que faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo de la Ley 19.728, la cual es conocida como la “Ley de Protección de Empleo”.

 

En resumen, dentro de esta norma se establece -dependiendo del caso- fundamentalmente 4 situaciones (dos de suspensión de contrato de trabajo, una suspensión aplicable a las trabajadoras de casa particular y una de reducción de jornada). Respecto de estos regímenes, lo que por ahora compete mencionar, es que como se trata de una suspensión del contrato o una reducción de la jornada, esto significa igualmente la suspensión o la reducción del pago de las remuneraciones al trabajador, con el consecuente perjuicio económico del trabajador y del país. Es por esta razón, que en virtud de la ley en comento los trabajadores que cumplan con los requisitos y celebren el pacto de suspensión de contrato, sus remuneraciones serán pagadas por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) en los porcentajes y en la forma que indica la ley respectiva. Lo mismo pasa en el caso de las trabajadoras de casa particular, la diferencia está en que en este caso será la Administradora de Fondos de Pensiones quien realice el pago de la remuneración en la forma y porcentajes que se indican en la ley. En el mismo sentido, en el caso que un trabajador cumpla los requisitos y celebre un pacto de reducción de jornada, su remuneración será pagada en parte por su empleador y por la AFC.

 

Teniendo claro los dos temas explicados hasta aquí, el lector podría darse cuenta de la relación que existe entre la Pensión de Alimentos y la Ley de Protección de empleo.

 

Efectivamente. Se produce el problema frente a los casos en que se haya regulado una pensión de alimentos en que el pago de ésta se haya establecido mediante la retención hecha por el empleador. Concretamente, el problema consiste en que como ya no es el empleador el que paga la remuneración, sino un tercero (generalmente[2] la AFC), este tercero va a pagar al trabajador y no se realizará el descuento correspondiente, dejando básicamente al alimentario sin la pensión. Cabe señalar que la Ley 21.227, nada dice respecto a este tema.

 

El problema se soluciona con la dictación de la Ley 21.232, más conocida como la “Ley Corta” que vino a “parchar” los problemas que se produjeron en virtud de la aplicación de la Ley de Protección de Empleo.

 

Esta “ley corta” solucionó el problema comentado de la siguiente forma: en el caso de suspensión de contrato, primero se exige al empleador informar a la AFC sobre los trabajadores respecto de los cuales se debe retener y pagar la pensión de alimentos. De esta forma, la AFC realizará el pago al empleador y éste último será el encargado de retener y pagar la pensión alimenticia, pagando el saldo al trabajador. Por su parte, en el caso del pacto de reducción de jornada, el complemento que paga la AFC puede ser embargado o retenido hasta en un 50% para el pago de pensiones alimenticias. Para tales efectos, el empleador respecto de las retenciones y pagos de las pensiones alimenticias de cargo de sus trabajadores, que le hubieren sido notificadas judicialmente, estará facultado para embargar o retener más del 50% de la remuneración, con el objeto de proceder a embargar el complemento en la parte que corresponda, de manera tal que la AFC pague al trabajador la totalidad del complemento[3].

 

De esta forma es cómo se dio respuesta a un problema que no se contenía en la norma original. Ahora, igualmente creo importante mencionar que al día en que escribo estas palabras, la Dirección del Trabajo aún no emite dictamen sobre la materia, siendo probable que la aplicación de la norma pueda modificarse en atención a la interpretación que se haga de esta ley.

 

Cualquier duda o problema legal que tengas, no dudes en utilizar los canales habilitados al efecto.

 

 

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[1] María Rodríguez Pinto, Manual de Derecho de Familia (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, año 2017), p.66.

[2] Debo precisar que utilizo la palabra “generalmente” porque eventualmente puede darse el caso en que el beneficiario sea un trabajador(a) de casa particular, en cuyo caso, como dije es la AFP quien paga la remuneración.

[3] Cristian Aguayo Mohr, COVID-19: el derecho laboral en tiempos de pandemia (Santiago: Editorial Legal Publising Chile, año 2020), p. 38.